El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado una nueva regulación para garantizar la transparencia en los algoritmos utilizados por las empresas en la personalización de precios y publicidad. Así lo comunicó el ministro Pablo Bustinduy durante el acto conmemorativo del Día Mundial de las Personas Consumidoras.
Esta medida busca que las personas consumidoras puedan conocer los criterios que utilizan las empresas para fijar precios personalizados y evitar que sean objeto de prácticas abusivas o discriminatorias. Además, se prohibirá la manipulación de precios en situaciones de emergencia o necesidad.
Reglas claras para los precios dinámicos
Un ejemplo concreto de la nueva normativa se encuentra en las empresas de transporte con tarifas dinámicas. A partir de esta regulación, estas compañías deberán informar de manera clara los factores que influyen en la variación de precios. Es decir, los consumidores podrán conocer si el costo del servicio se basa en la demanda, la hora del día, la frecuencia del trayecto o la concurrencia de eventos en la zona.
Asimismo, se prohibirá que los precios se ajusten en función de características personales de los consumidores, como una discapacidad o su origen étnico. También estará vetado el uso de datos sensibles, como el nivel de batería del teléfono móvil, para determinar el costo del servicio.
Continuidad en la protección del consumidor digital
Esta iniciativa se suma a las medidas ya implementadas por el Ministerio de Consumo durante la crisis climática de la DANA en octubre de 2024. En esa ocasión, se prohibió que los algoritmos incrementaran precios ante picos de demanda en situaciones de emergencia, garantizando así un trato justo para los consumidores.
“Ningún modelo de negocio puede basarse en la vulneración de derechos”, afirmó Bustinduy. Además, destacó la necesidad de democratizar la economía digital y fomentar intercambios justos y equitativos.
Un compromiso con los derechos digitales
El evento del Ministerio sirvió también para avanzar en la defensa de los derechos digitales. Durante el acto, Ana Caballero, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), presentó un manifiesto en el que se solicita un Pacto de Estado para garantizar la protección digital de los consumidores.
Entre las propuestas del CCU destacan la prohibición de prácticas comerciales que influyan en las decisiones de los consumidores, la limitación del uso indebido de datos personales y el refuerzo de los organismos de supervisión y control del entorno digital.
Conclusiones del evento
La jornada contó con la participación de expertos como Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego; Miguel Bordiú, secretario del consejo de la CNMC; Tiziana Tallaro, directora general de Confianza Online; y Ana Caballero, presidenta del CCU. La clausura estuvo a cargo de Daniel Arribas, director general de Consumo, quien destacó la importancia de que todas las empresas que operan en la economía digital asuman su responsabilidad en la protección de los derechos de las personas consumidoras.
