En 2025, las pensiones contributivas de la Seguridad Social experimentarán un aumento del 2,8% conforme al índice de Precios de Consumo (IPC) medio interanual. Esta revalorización, calculada con base en el dato definitivo del IPC de noviembre, asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, un compromiso clave del Gobierno de España.
Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021, que derivó del acuerdo entre el Ejecutivo y los interlocutores sociales, las pensiones se ajustan cada año en función del IPC para proteger a los pensionistas frente al aumento del coste de vida, tal y como recomendó el Pacto de Toledo en su 2ª Recomendación. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que «esta medida es una garantía de tranquilidad para los 10 millones de pensionistas de nuestro país, ciudadanas y ciudadanos que han trabajado y cotizado durante décadas.»
Un aumento significativo para los pensionistas
Con este incremento, los jubilados que perciban una pensión media de 1.441 euros mensuales verán sus ingresos aumentados a 1.481,35 euros al mes en 2025, lo que equivale a un incremento anual de 564,87 euros. En términos generales, los jubilados recibirán aproximadamente 600 euros adicionales al año, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán unos 500 euros anuales.
En total, cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas se beneficiarán de esta revalorización, incluyendo también a las 720.148 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que se ajustan con el mismo índice.
Un sistema sostenible y garantizado
La ministra Saiz ha subrayado que «la revalorización anual de las pensiones es un compromiso del Gobierno, y seguiremos trabajando para reforzar el sistema de protección social de nuestro país.» Además, destacó que la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, ha consolidado la garantía del poder adquisitivo de las pensiones y el refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
Esta medida refuerza la seguridad económica de millones de pensionistas y mantiene el enfoque en la sostenibilidad a largo plazo del sistema, un reto clave para España en los próximos años.
