Luis Planas: España recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la UE la decisión de la Comisión Europea de vetar la pesca en 87 áreas del Atlántico

El ministro ha asegurado que la decisión supone aspectos «altamente lesivos» para la pesca española, y que el Gobierno va a interponer el recurso, porque asume la defensa de los intereses del conjunto del sector.

En sendas respuestas parlamentarias a preguntas del Partido Popular (PP) y del Bloque Nacionalista Galego (BNG) sobre la posición del Gobierno ante el citado reglamento comunitario, Planas ha señalado que, por supuesto, el Gobierno de España comparte el objetivo de la conservación y protección de los ecosistemas marinos vulnerables, pero tiene que tratarse de una medida «proporcionada», de acuerdo a los preceptos de la Política Pesquera Común, es decir, que sea equilibrada desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

En este sentido, Planas ha remarcado que este acto de ejecución no tiene en cuenta toda la información científica disponible actualizada, ni se ha realizado con una evaluación de impacto socioeconómico.

Además, contiene errores en la batimetría, porque la prohibición de pesca se marca para profundidades de entre 400 y 800 metros y hay algunas zonas que no llegan a ella y otras que son superiores. El ministro ha informado de que el Gobierno está en contacto con la Comisión para que aclare los términos de aplicación de un reglamento que es muy complejo.

«Tengan por seguro», ha añadido el ministro, que «el Gobierno va a hacer todo cuanto esté en nuestra mano» para evitar los efectos de esta decisión de la Comisión Europea. Planas ha asegurado que todas estas acciones las hace el Gobierno en colaboración con el sector y las comunidades autónomas.

En respuesta a otra pregunta parlamentaria del PNV sobre la aplicación de la ley de la cadena, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, el ministro ha asegurado que ya se ha conseguido un «impacto positivo» porque a diferencia de otras situaciones de crisis en las que toda la repercusión cayó sobre el eslabón más débil, los agricultores y ganaderos, «en esta ocasión hay un reparto más equilibrado entre todos los eslabones».

«Los plenos efectos de la ley no se pueden lograr en 9 meses, pero estamos avanzando y está dando sus primeros resultados». Entre estos avances ha citado el alza sustantiva de las retribuciones de los ganaderos de leche en el último año, un sector que es el más vulnerable a los efectos de la crisis por el encarecimiento de los costes de producción y que por ello ha tenido prioridad en las medidas de apoyo puestas en marcha con el Gobierno, con una línea de ayudas de Estado de 169 millones de euros.

Planas ha explicado que el ministerio trabaja en el desarrollo de la ley, y así en 2023 entrará en funcionamiento el registro electrónico de contratos agroalimentarios, y se avanza con las organizaciones del sector y las comunidades autónomas en la elaboración de índices de costes. También ha resaltado la labor de control e inspección de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).