La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Madrid, Miriam Bravo, ha afirmado que “ningún gobierno autonómico del PP va a ser cómplice de la temeraria política migratoria de Pedro Sánchez”, a la que acusa de fomentar el efecto llamada y de convertir a España en la última etapa de las mafias de inmigración ilegal. Así lo expresó durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde interpeló a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sobre los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
Bravo criticó que el Ejecutivo hable de “interés general y sentido común” en el reparto de menores migrantes, mientras excluye a Cataluña de este proceso, “chantajeado por un fugado de la Justicia a cambio de unos presupuestos inexistentes”. Asimismo, denunció que el Gobierno central permite a la Generalitat expulsar menores migrantes en lo que calificó como “una muestra de xenofobia intolerable”.
La senadora calificó la situación de “emergencia nacional” y aseguró que “no hay traición mayor hacia las comunidades autónomas, especialmente a Canarias y Ceuta, que desmembrar el Estado y saltarse la Constitución para garantizar la permanencia del Gobierno por siete votos”.
El PP exige soluciones ante el colapso de los recursos autonómicos
Bravo pidió a la ministra que no colapse los recursos autonómicos y puso como ejemplo a la Comunidad de Madrid, que en 2024 destinó 52 millones de euros para atender a más de 2.400 menores migrantes llegados a través del aeropuerto de Barajas, “sin recibir ayudas del Gobierno de España”.
Acusó al Ejecutivo de mantenerse “de brazos cruzados” y de tratar a los menores migrantes “como si fueran sacos de grano”, sin solicitar apoyo de Frontex, sin declarar frontera sur a Andalucía y sin ofrecer una solución al colapso migratorio que vive Canarias.
Además, criticó que el Gobierno pacte con los independentistas la transferencia de competencias en inmigración, control de fronteras y Hacienda, generando “una nación paralegal de facto” que ahonda en la desigualdad territorial.
El PP reclama medidas de Estado para un problema de Estado
La senadora madrileña exigió a la ministra “soluciones de Estado para los problemas de Estado” y preguntó cuándo el Gobierno declarará la emergencia migratoria, firmará acuerdos con los países de origen o adoptará medidas para evitar la entrada fraudulenta a través de Barajas.
Asimismo, reclamó reuniones con responsables autonómicos para conectar las políticas migratorias con las necesidades del mercado laboral y exigió explicaciones detalladas sobre la situación de los menores en centros masificados.
Por último, Bravo recordó que Sánchez, Marlaska, Alegría y Torres aseguraron que la inmigración y el control de fronteras eran competencias estatales “que jamás se cederían” a las comunidades autónomas. Acusó al Ejecutivo de faltar a la verdad y pidió a la ministra Rego que no repita la estrategia de otros miembros del Gobierno.
