La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha alertado sobre el deterioro de los plazos de pago en España. Según su «Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024», el sector público ha incrementado su demora hasta los 67 días de media, superando al sector privado, que ha reducido sus tiempos a 64 días. Ambos registros incumplen los límites legales establecidos por la Ley 15/2010, que fija en 30 días el plazo para las Administraciones Públicas y en 60 para las empresas.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, calificó esta situación como «alarmante» y denunció que «por primera vez en una década, el sector público incumple sus propios límites en mayor medida que el privado». Además, exigió «una solución inmediata» y que los gobiernos «demuestren su compromiso respetando las normas que ellos mismos imponen».
La Administración Local, la peor pagadora
El informe revela que el 52% de los encuestados señala a la Administración Local como la que más tarda en pagar, seguida por la Administración Regional (28%) y la Administración Central (20%). Concretamente, el 76% de las administraciones locales, el 78% de las regionales y el 80% de las centrales superan los plazos legales de pago.
Morosidad empresarial: las grandes empresas, las más morosas
En el sector privado, las grandes empresas continúan incumpliendo los plazos legales. El 74% de los encuestados afirma que sus clientes de gran tamaño (facturación superior a 50 millones de euros) pagan con retraso. De ellos, el 33% recibe sus pagos con demoras superiores a 90 días y el 41% entre 60 y 90 días, muy por encima del límite legal.
El estudio también destaca la preocupante situación de los subcontratistas, que reciben sus pagos a una media de 88 días. «Las grandes compañías están financiándose a costa de sus proveedores, principalmente pymes y autónomos», denuncia Cañete.
Condiciones abusivas y falta de sanción
A pesar de la ilegalidad de los retrasos en los pagos, el 61% de los proveedores firmaron contratos con plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004 sin que esto tenga consecuencias. Además, el 84% de los proveedores nunca o casi nunca exigen intereses de demora y el 92% no reclama la indemnización por costes de recobro.
Ante esta situación, el 94% de los encuestados considera necesario un régimen sancionador para penalizar los impagos. «Una ley sin consecuencias no es eficaz», afirma el presidente de la PMcM.
Perspectivas para 2025
El informe indica que la ratio de morosidad en España alcanzó el 5,2% en 2024, ligeramente por encima del 5,1% registrado en 2023. Para 2025, el 74% de los encuestados prevé que los plazos de cobro se mantendrán estables, mientras que el 76% recurriría a la financiación bancaria en caso de necesidad de liquidez.
La PMcM celebra que la Comisión Europea mantenga la lucha contra la morosidad en su agenda para 2025 y espera la pronta aprobación del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad, que prevé sanciones para quienes incumplan los plazos de pago.
