VOX denuncia a Begoña Gómez y altos cargos por malversación, tráfico de influencias y prevaricación
La formación política VOX ha dado un paso más en sus denuncias contra la gestión del Ejecutivo al presentar una querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno; y Francisco Martín, secretario general de Presidencia de Gobierno. El escrito, presentado en el Juzgado de Instrucción de Madrid, los acusa de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Según VOX, los hechos se sustentan en un uso indebido de recursos públicos y funciones que Álvarez habría desempeñado desde su puesto en la Secretaría General de Presidencia, orientadas en realidad a actividades profesionales de carácter privado de Gómez. En el escrito, firmado por la coordinadora nacional jurídica del partido, Marta Castro, se denuncia que estas prácticas representan una «utilización abusiva, espuria y arbitraria» de los recursos de la Administración Pública.
Detalles de la querella
El caso parte de correos electrónicos que, según VOX, evidencian que Cristina Álvarez actuaba como asistente personal de Begoña Gómez, pero con sueldo proveniente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Marta Castro recalca que Álvarez habría incurrido en una «clara inobservancia de los deberes inherentes a la condición de funcionario público».
La querella también apunta a Francisco Martín, superior jerárquico de Álvarez, señalando que este debía conocer y autorizar las actividades que, según VOX, no se ajustaban a las funciones oficiales del cargo.
«Este abuso de poder no tiene precedentes y deja en evidencia la falta de control en la Presidencia del Gobierno,» declaró Marta Castro tras la presentación de la querella.
Implicación de recursos públicos
VOX subraya que Begoña Gómez habría utilizado personal funcionario para desarrollar labores vinculadas exclusivamente a sus negocios privados. Según la querella, esta práctica se aleja de lo permitido, incluso comparando su situación con la de otras esposas de presidentes del Gobierno, cuyas actividades estaban relacionadas con la representación institucional.
El documento añade que estas acciones fueron sufragadas con recursos públicos, lo que constituye, según VOX, un claro caso de malversación de fondos y abuso de poder.
Diligencias solicitadas
Entre las pruebas solicitadas, VOX pide:
- Declaraciones de múltiples testigos, incluidos ejecutivos de empresas como Telefónica, Endesa, Ifema e Indra, y de figuras relevantes vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid.
- La certificación de los cargos ocupados por Cristina Álvarez, junto con sus funciones y los ingresos percibidos desde su nombramiento.
- El acceso a los correos electrónicos intercambiados entre Álvarez y varios interlocutores en el ámbito privado, así como su vida laboral y declaraciones fiscales desde 2018.
Impacto político
El caso ha generado un intenso debate político. Mientras VOX denuncia una «corrupción estructural» en la Presidencia del Gobierno, fuentes cercanas al Ejecutivo han calificado las acusaciones como infundadas y aseguran que se trata de un intento de desviar la atención mediática.
Por su parte, VOX ha defendido la necesidad de una investigación exhaustiva que «aclare el posible desvío de fondos públicos» y advierte que este caso podría sentar un precedente en la lucha contra los abusos en la administración pública.
