VOX ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de San Sebastián contra los autores materiales e intelectuales del asedio sufrido el pasado sábado en Rentería. La formación acusa a los convocantes y participantes de la concentración frente a su mesa informativa de delitos de odio, amenazas y coacciones graves.
Acusaciones de VOX: delitos de odio y amenazas
Según el partido, los hechos constituyen un delito de odio (artículo 510 del Código Penal), en concurso con los delitos de amenazas (artículos 169 a 171) y coacciones graves (artículo 172 y siguientes). En su denuncia, VOX señala que la protesta frente a su carpa impidió el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la participación política y el derecho de reunión.
Organización del boicot a través de redes sociales
El evento estaba anunciado para las 10:30 del sábado 22 de febrero, pero, según VOX, se orquestó una campaña en redes sociales para boicotearlo. Marta Castro, coordinadora jurídica del partido, subraya en su escrito que se impidió el normal desarrollo de la actividad por una «evidente discriminación ideológica».
Durante el asedio, los organizadores de la mesa informativa fueron rodeados, sufriendo un ambiente hostil con amenazas graves. La Ertzaintza tuvo que intervenir y establecer un cordón de seguridad para evitar agresiones. Según VOX, fue imposible que cualquier ciudadano cruzara la zona sin poner en riesgo su integridad física.
Actos de violencia contra los miembros de VOX
La formación denuncia que se lanzaron piedras, monedas y mecheros contra sus integrantes, además de recibir patadas y amenazas como «vais a sufrir», «vais a morir» o «vais a volar». También aseguran que algunos de sus miembros fueron identificados y amenazados de forma directa.
Exigencias judiciales de VOX
VOX ha solicitado al Juzgado que ordene a la Oficina de Inteligencia de la Ertzaintza analizar los vídeos e imágenes aportados, así como los llamamientos previos al acto. También ha pedido identificar a las plataformas y asociaciones responsables de la convocatoria y determinar si los implicados tienen vínculos con colectivos radicales o grupos ultras.
Asimismo, la formación ha requerido que se tome declaración a los investigados y se incluya el informe del dispositivo policial desplegado durante el acto. Además, solicita que se certifiquen enlaces y vídeos publicados en redes sociales y que testifiquen los participantes de la mesa informativa.
